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Las Palmas de Gran Canaria prohíbe el uso de jabón o lejía para diluir el orín de animales

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tramita una nueva Ordenanza Municipal sobre la Protección y Tenencia de Animales que recoge la obligación de los propietarios de usar solo agua para diluir el orín de su mascota en la vía pública, prohibiendo diluir esa agua con jabón o lejía.

Las Palmas de Gran Canaria prohíbe el uso de jabón o lejía para diluir el orín de animales

Esta indicación, como explica en un comunicado la concejala de Fomento y Servicios Públicos, Inmaculada Medina, persigue proteger la vegetación de las calles y plazas, sobre todo de los árboles, porque los jabones y lejías “acaban por matar en muchas ocasiones las raíces”.

A partir de la entrada en vigor de esta ordenanza, los propietarios de animales que usen otros productos que no sea agua, se exponen a una sanción grave.

La nueva ordenanza prohíbe, además, las atracciones feriales giratorias con animales atados y los espectáculos circenses que utilicen animales salvajes en cautividad.

Esta ordenanza quiere proteger mejor a las mascotas del municipio, por lo que establece exigencias sobre su bienestar y la convivencia. Así, establece “un número máximo de 5 animales por vivienda” y se prohíbe la tenencia de ganado y animales de corral en núcleos urbanos.

Del mismo modo, se establecen una serie de condiciones exigibles al propietario “mucho más amplias que en la anterior ordenanza”, que abarcan alimentación, alojamiento, limpieza y saneamiento, desarrollo físico con ejercicio diario y prohibición de aislamiento del ser humano, entre otras.

También se prohíbe de forma expresa situaciones que causan sufrimiento al animal, como mantenerlos atados en lugar fijo, utilizar collares de ahorque, pinchos o eléctricos.

El texto recoge la “obligación de identificar a todas las mascotas con microchip o mediante el procedimiento que le corresponda”, no solo a los perros, y elimina el uso de tatuajes, ha explicado.

Venta de mascotas, transporte público…

Además, la edil explica que el texto regula “la atención del animal atropellado, prohibiendo que quede a su suerte en la carretera”, y aborda por primera vez “qué hacer con las colonias de gatos, por tratarse de un fenómeno propio de las grandes ciudades”.

En cuanto a los establecimientos de venta de mascotas, se regula de forma exhaustiva el bienestar de los animales objeto de comercio, se estipula que los perros y gatos se venderán a través de catálogo y se exige la esterilización de los animales objeto de venta, adopción o transacción económica.

El texto “deja abierto para negociar con las autoridades del transporte público la posibilidad de viajar con mascotas, con ciertas normas de seguridad e higiene”, mientras que en los establecimientos públicos el propietario “podrá a su criterio permitirlo señalizándolo de forma visible”, ha indicado Medina.

En cuanto a la tenencia de animales potencialmente peligrosos, se incluye un capítulo redactado conforme a lo dispuesto en el Decreto que se regula el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos en Canarias, y se unifican las disposiciones dispersas en distintas normativas sobre este asunto.

El cuadro de sanciones de la nueva ordenanza mantiene las mismas cantidades que la normativa de 1997 ya que se está pendiente de la aprobación de la Ley de Protección de Animales de Canarias para actualizarlas e incrementarlas.

Sanciones

Las sanciones que recoge la ordenanza de 1997 son leves (con multas de 30 a 150 euros), graves (151 a 1.500 euros) y muy graves (1.501 a 15.000 euros).

La concejala ha señalado que el nuevo texto pasará ahora a Comisión de Pleno y luego a Pleno, previsiblemente en diciembre, fecha en la que se abre exposición pública por 30 días, y su aprobación definitiva en Pleno, “si es posible en febrero de 2019”.

La ordenanza establece nuevas exigencias legales para el mantenimiento y cuidado de las mascotas en el término municipal, “mejorando aspectos la anterior regulación, que no se ha reformado en más de 20 años” para posibilitar “una mayor protección a los animales, a la vez que se garantiza que existan unas reglas más adecuadas para que todos, personas y animales, podamos convivir pacíficamente”.

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